Cuando la institución que se supone debe
cuidarte te pone en peligro. Cuando la víctima es construida como culpable por
su clase social. Cuando el poder se constituye en asesino, en encubridor, en
artífice de la desaparición de una persona en plena democracia. Cuando casi
seis años de lucha siguen sin ser suficientes.
Entonces, en ese momento, ¿cómo esperar
justicia?
Luciano Arruga hoy tendría 22 años, pero
no los pudo cumplir.
Luciano Arruga desapareció el 31 de
enero del 2009, cuando tenía 16 años. Fue víctima de los vestigios del aparato
represor del Estado, de la corrupción, del apriete policial, de los negociados
del poder.
Su muerte fue encubierta como un
accidente de tránsito, en una compleja operación que implicó a la Policía
Bonaerense de la localidad de Lomas del Mirador, operarios de una ambulancia
del SAME, y personal del hospital Santojanni y del cementerio de la Chacarita. La
persona acusada de atropellarlo en Mosconi y General Paz fue sobreseída, porque
“las pericias demostraron que manejaba a velocidad normal”.
Sin embargo, la investigación ha
revelado otra cosa. La verdad tras el caso de Luciano parece ser igual a la de
tantos otros: discriminación, corrupción, torturas, muerte. Abuso de poder.
22 de septiembre del 2008, primera
detención de Luciano Arruga en el destacamento de Lomas del Mirador, partido de
La Matanza; el motivo, desconocido, inexistente.
Hacía unos meses, el adolescente les
había contado a su mamá y a su hermana que la Policía le había ofrecido
“trabajar para ellos”: robar. Él se negó, y comenzó el calvario. Detenciones
sin motivo aparente, maltratos, amenazas, miedo. Luciano estaba asustado y no
quería salir de su casa.
Los policías del destacamento de Lomas
del Mirador habían sido pedidos por los vecinos, en reclamo de más seguridad.
Lo irónico: funcionaba en la Comisaría Novena, conocida en la dictadura como
centro de detención clandestino.
La muerte de Luciano quiso encubrirse
bajo un accidente de tránsito. Si bien la autopsia puede llegar a coincidir con
esa versión, puesto que se determinó que el deceso fue causado por graves
traumatismos, la Justicia cree que esas heridas pueden haber sido hechas para
tapar otras, y se seguirá indagando sobre el tema.
Son muchas las versiones que indican la
tramoya escondida tras la muerte de Luciano. Hay testigos que denuncian haber
visto cómo lo “levantaban” en un patrullero de la Bonaerense y lo llevaban al
destacamento, que no estaba habilitado para la detención de personas; los demás
detenidos (también irregulares) aseguran que fue golpeado y duramente
torturado.
Por otra parte, peritajes hechos con
perros demostraron que Luciano había estado en el destacamento y en uno de los
patrulleros, que curiosamente tenía, en su registro electrónico, datos de haber
circulado por un descampado que no estaba en su ruta habitual.
Desde el Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS) se denuncian numerosas irregularidades en la causa. Entre
ellas, podemos nombrar los cinco días que tardó la denuncia en llegar a la
Justicia, tiempo en que la defensa cree que se borraron pruebas clave, y la
delegación de la causa en la misma policía implicada. También el hecho de que
la causa haya sido caratulada como “averiguación de paradero”, y que recién en
el 2013 la lucha de la familia por cambiar la carátula a “desaparición forzada”
(con lo cual la causa pasaba a la Justicia Federal) haya rendido frutos.
Hasta ahora son ocho los policías
implicados en la investigación, que fueron desplazados de la fuerza en 2013
pero que no fueron procesados.
Es central que pensemos una cuestión. Si
Luciano realmente murió como consecuencia de un accidente de tránsito, ¿por qué
no se notificó a la familia como corresponde en casos así? ¿Por qué se lo
enterró como NN en el cementerio de la Chacarita si su muerte fue un accidente?
No esconde nada quien no tiene nada para
esconder.
En el año 2010, el Comité de los
Derechos del Niño de las Naciones Unidas entregó un documento de observaciones
finales a la Argentina, donde, entre otras cuestiones, calificaban el caso de
Luciano Arruga como una desaparición forzada, e instaban al Estado a terminar
la investigación, en relación a torturas, tratos inhumanos y degradantes. El
informe denuncia la gran cantidad de denuncias en la provincia de Buenos Aires,
pero la falta de datos fiables a nivel país, así como la falta de estadísticas
sobre la situación penal de los menores. Existe, para el organismo, una falta
en la promoción y protección de los Derechos del Niño, resultante en malas
condiciones de detención, torturas, e irregularidades de todo tipo.
¿Las propuestas? Formación integral de
la policía en cuestiones de Derechos Humanos y del Niño, política de cero
tolerancia con la tortura, agilización del registro y seguimiento de este tipo
de denuncias, y más control y observación sobre estas gravísimas cuestiones.
¿Los resultados? Aún no se han visto.
Luciano Arruga apareció ayer, 17 de
octubre del 2014, tras casi seis años de ausencia. Si bien nos genera una
sensación de triunfo, el camino que queda es arduo y largo. La familia debe
seguir el tortuoso proceso judicial, con la esperanza de que finalmente se
logre condenar a los culpables. Ahora queda la peor parte: lograr que el
mecanismo anquilosado y corrupto se ponga en marcha y haga, aunque sea una sola
vez, lo que debe hacer de verdad.
La familia del adolescente desaparecido
transformó la comisaría donde lo torturaron en un centro de contención para
víctimas de la vasta violencia institucional. En un país donde el Estado no
aparece para contener, ni para investigar, dar respuestas, o integrar, la tarea
siempre termina recayendo en los ciudadanos comunes, y muchas veces en aquellos
ciudadanos comunes que han sido tocados de cerca por estos fenómenos.
La clave puede encontrarse ahí: integrar
desde abajo si desde arriba no se hace. Pelear la batalla contra la exclusión,
contra la criminalización, desde cualquier lugar donde se pueda.
No rendirse nunca hasta no conseguir una
sociedad más integradora que no escupa a los mal llamados “pibes chorros” hacia afuera.
El caso de Luciano es clave para
terminar de entender fenómenos que se quiere esconder bajo la alfombra en
nuestro país: la criminalización de la pobreza, la violencia institucional, el
gatillo fácil, los negociados policiales. El estereotipo instalado del “pibe
chorro”, la constante discriminación y el aparato mediático cierran este
proceso social de exclusión que empieza en lo económico y termina en lo social,
tocando en el camino aristas institucionales, políticas, culturales, jurídicas.
La vida de los jóvenes como Luciano no es importante para muchos sectores de la
sociedad.
Con su muerte gritaron uno menos.
Nosotros, con su aparición, nunca más.
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