18.10.14

Luciano Arruga: justicia pendiente.

Cuando la institución que se supone debe cuidarte te pone en peligro. Cuando la víctima es construida como culpable por su clase social. Cuando el poder se constituye en asesino, en encubridor, en artífice de la desaparición de una persona en plena democracia. Cuando casi seis años de lucha siguen sin ser suficientes.
Entonces, en ese momento, ¿cómo esperar justicia?

Luciano Arruga hoy tendría 22 años, pero no los pudo cumplir.
Luciano Arruga desapareció el 31 de enero del 2009, cuando tenía 16 años. Fue víctima de los vestigios del aparato represor del Estado, de la corrupción, del apriete policial, de los negociados del poder.
Su muerte fue encubierta como un accidente de tránsito, en una compleja operación que implicó a la Policía Bonaerense de la localidad de Lomas del Mirador, operarios de una ambulancia del SAME, y personal del hospital Santojanni y del cementerio de la Chacarita. La persona acusada de atropellarlo en Mosconi y General Paz fue sobreseída, porque “las pericias demostraron que manejaba a velocidad normal”.
Sin embargo, la investigación ha revelado otra cosa. La verdad tras el caso de Luciano parece ser igual a la de tantos otros: discriminación, corrupción, torturas, muerte. Abuso de poder.

22 de septiembre del 2008, primera detención de Luciano Arruga en el destacamento de Lomas del Mirador, partido de La Matanza; el motivo, desconocido, inexistente.
Hacía unos meses, el adolescente les había contado a su mamá y a su hermana que la Policía le había ofrecido “trabajar para ellos”: robar. Él se negó, y comenzó el calvario. Detenciones sin motivo aparente, maltratos, amenazas, miedo. Luciano estaba asustado y no quería salir de su casa.
Los policías del destacamento de Lomas del Mirador habían sido pedidos por los vecinos, en reclamo de más seguridad. Lo irónico: funcionaba en la Comisaría Novena, conocida en la dictadura como centro de detención clandestino.

La muerte de Luciano quiso encubrirse bajo un accidente de tránsito. Si bien la autopsia puede llegar a coincidir con esa versión, puesto que se determinó que el deceso fue causado por graves traumatismos, la Justicia cree que esas heridas pueden haber sido hechas para tapar otras, y se seguirá indagando sobre el tema.
Son muchas las versiones que indican la tramoya escondida tras la muerte de Luciano. Hay testigos que denuncian haber visto cómo lo “levantaban” en un patrullero de la Bonaerense y lo llevaban al destacamento, que no estaba habilitado para la detención de personas; los demás detenidos (también irregulares) aseguran que fue golpeado y duramente torturado.
Por otra parte, peritajes hechos con perros demostraron que Luciano había estado en el destacamento y en uno de los patrulleros, que curiosamente tenía, en su registro electrónico, datos de haber circulado por un descampado que no estaba en su ruta habitual.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se denuncian numerosas irregularidades en la causa. Entre ellas, podemos nombrar los cinco días que tardó la denuncia en llegar a la Justicia, tiempo en que la defensa cree que se borraron pruebas clave, y la delegación de la causa en la misma policía implicada. También el hecho de que la causa haya sido caratulada como “averiguación de paradero”, y que recién en el 2013 la lucha de la familia por cambiar la carátula a “desaparición forzada” (con lo cual la causa pasaba a la Justicia Federal) haya rendido frutos.
Hasta ahora son ocho los policías implicados en la investigación, que fueron desplazados de la fuerza en 2013 pero que no fueron procesados.
Es central que pensemos una cuestión. Si Luciano realmente murió como consecuencia de un accidente de tránsito, ¿por qué no se notificó a la familia como corresponde en casos así? ¿Por qué se lo enterró como NN en el cementerio de la Chacarita si su muerte fue un accidente?
No esconde nada quien no tiene nada para esconder.

En el año 2010, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas entregó un documento de observaciones finales a la Argentina, donde, entre otras cuestiones, calificaban el caso de Luciano Arruga como una desaparición forzada, e instaban al Estado a terminar la investigación, en relación a torturas, tratos inhumanos y degradantes. El informe denuncia la gran cantidad de denuncias en la provincia de Buenos Aires, pero la falta de datos fiables a nivel país, así como la falta de estadísticas sobre la situación penal de los menores. Existe, para el organismo, una falta en la promoción y protección de los Derechos del Niño, resultante en malas condiciones de detención, torturas, e irregularidades de todo tipo.
¿Las propuestas? Formación integral de la policía en cuestiones de Derechos Humanos y del Niño, política de cero tolerancia con la tortura, agilización del registro y seguimiento de este tipo de denuncias, y más control y observación sobre estas gravísimas cuestiones.
¿Los resultados? Aún no se han visto.

Luciano Arruga apareció ayer, 17 de octubre del 2014, tras casi seis años de ausencia. Si bien nos genera una sensación de triunfo, el camino que queda es arduo y largo. La familia debe seguir el tortuoso proceso judicial, con la esperanza de que finalmente se logre condenar a los culpables. Ahora queda la peor parte: lograr que el mecanismo anquilosado y corrupto se ponga en marcha y haga, aunque sea una sola vez, lo que debe hacer de verdad.

La familia del adolescente desaparecido transformó la comisaría donde lo torturaron en un centro de contención para víctimas de la vasta violencia institucional. En un país donde el Estado no aparece para contener, ni para investigar, dar respuestas, o integrar, la tarea siempre termina recayendo en los ciudadanos comunes, y muchas veces en aquellos ciudadanos comunes que han sido tocados de cerca por estos fenómenos.
La clave puede encontrarse ahí: integrar desde abajo si desde arriba no se hace. Pelear la batalla contra la exclusión, contra la criminalización, desde cualquier lugar donde se pueda.
No rendirse nunca hasta no conseguir una sociedad más integradora que no escupa a los mal llamados “pibes chorros” hacia afuera.

El caso de Luciano es clave para terminar de entender fenómenos que se quiere esconder bajo la alfombra en nuestro país: la criminalización de la pobreza, la violencia institucional, el gatillo fácil, los negociados policiales. El estereotipo instalado del “pibe chorro”, la constante discriminación y el aparato mediático cierran este proceso social de exclusión que empieza en lo económico y termina en lo social, tocando en el camino aristas institucionales, políticas, culturales, jurídicas. La vida de los jóvenes como Luciano no es importante para muchos sectores de la sociedad.
Con su muerte gritaron uno menos.
Nosotros, con su aparición, nunca más.



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